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Por la claridad del lenguaje legal



Hoy, quien no es claro, no transmite el mensaje. Quien no lo logra transmitir, no es valorado positivamente.

1. Durante el mes de julio de 2008 El Comercio inició un agresiva campaña reclamando claridad y transparencia en el lenguaje legal, el mismo que emplean las instituciones jurídicas para comunicar las decisiones que, cotidianamente, afectan a miles de personas, vidas, libertades, patrimonios y honores. La campaña concluyó con sendos anuncios de Facultades de Derecho, el Poder Judicial y la Academia de la Magistratura, que apuntan al renacimiento de un renovado interés por el uso del lenguaje en las comunicaciones jurídico institucionales. ¿Cuál puede ser la reacción de los jueces y fiscales peruanos al respecto?

2. Yendo al terreno en el que más trabajamos, me he preguntado por años por qué el lenguaje judicial es tan oscuro, anticuado y de un tecnicismo que deja perplejo hasta al abogado más competente. Después de escuchar varias respuestas, que pasaban por explicarme que esa era la naturaleza del derecho y de su ciencia, hasta el desenfadado orgullo con el que muchos abogados y abogadas proferían las expresiones más técnicas, en esencia para hacer sentir el dominio y monopolio de su “ciencia” ante desprevenidos usuarios del sistema legal, ninguna de estas explicaciones me satisfizo. Pensaba, y pienso, que el derecho ha sido construido para regular instituciones y expectativas individuales y sociales. Pensaba y pienso en el derecho como una herramienta de “ingeniería social” que podría servir como uno de los factores para la construcción de nuevas instituciones, y como un criterio relevante para la resolución de disputas que usualmente surgen en la interacción de la vida social.

3. En este marco, siguiendo mi curiosidad, encontré un texto fundamental escrito por Fernando de Trazegnies: Ciriaco de Urtecho, litigante por amor (Fondo Editorial de la PUCP, Lima, 1984). Y ese texto me dio la clave, pues reproducía la letra de un expediente judicial en el que se leían muchas de las expresiones que un abogado o justiciable leería hoy con la notificación de una resolución judicial. El expediente bajo comentario databa de… ¡1784!

4. Lo que ha generado un lenguaje legal y judicial enrevesado, ultra técnico, anticuado y hasta alienado con la vieja tradición del derecho romano y sus expresiones en latín, es una causa de una pasmosa simplicidad: nadie en el Perú les enseñó a los jueces a escribir sus decisiones. Mientras que en el mundo anglosajón, por ejemplo, los estudiantes de derecho son entrenados desde el inicio de los estudios universitarios con un primer curso de redacción legal, y los jueces principiantes son entrenados en la forma en que deben dirigir sus audiencias y escribir sus decisiones (cuando ello es necesario), los jueces de esta parte del mundo creen que ser erudito y técnico es un símbolo de competencia profesional y prestigio. Cuando ingresan por primera vez a la oficina judicial, un secretario auxiliar les entrega muchos expedientes voluminosos que resolver, y simplemente no saben qué hacer ni a quién recurrir. ¿Cuál es la salida más práctica y económica? Buscar antecedentes de cómo otros jueces (los anteriores en el mismo cargo) resolvieron casos similares. Y se limitan a copiar el estilo lingüístico de sus antecesores. Esto se ha hecho de generación en generación, en un movimiento retrospectivo ¡que nos lleva a 1784!

5. Esto no debe escandalizarnos. Es parte de nuestra historia, de nuestra tradición institucional, de nuestra manera de hacer las cosas. No veo por qué tengamos que perder tiempo lamentando la situación Creada. Me parece que la pregunta correcta ahora es: ¿esta tradición nos sirve en un contexto en el cual es necesario hoy legitimar democráticamente las decisiones del Poder Judicial, y nos urge dar una tutela judicial realmente efectiva en que el acceso a la justicia encuentre respuestas razonables para los que piden la intervención del sistema judicial? Claramente la respuesta es no, la tradición actual nos aleja de un uso democrático del poder y de una protección efectiva de los derechos de los ciudadanos, nos aleja de una condición fundamental de las democracias contemporáneas: la transparencia.

6. ¿Es relevante la transparencia en la comunicación de las decisiones judiciales? Sí lo es. Y ello lo reconocen hoy no sólo profesores de derecho y observadores del sistema judicial, sino los propios jueces, quienes se han percatado que buena parte de su legitimidad se juega en su habilidad para comunicar bien sus decisiones. Esta conciencia se viene tomando ya al más alto nivel. En el año 2002 el Presidente de la Corte Suprema Peruana firmó en México la Declaración de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano. En este instrumento internacional se regula un acápite sobre “una justicia comprensible”, con el siguiente fraseo:

a. Todas las personas tienen derecho a que los actos de comunicación contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios.

b. Todas las personas tienen derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para todos los que no sean especialistas en derecho.

c. Todas las personas tienen derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.

7. Y aún más recientemente, se ha dado un Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, aprobado en la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Santo Domingo, en junio de 2006. En él se lee :

a. Artículo 27.- las motivaciones deben ser expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas.

8. Lenguaje claro y preciso, esto es, un lenguaje llano, sin tecnicismos innecesarios, que sea una herramienta de comunicación efectiva, para que sea entendido por el destinatario del mensaje judicial. Un lenguaje sin adornos, sin argumentaciones ampulosas, que sea vehículo de expresión de las razones que llevaron al juez a establecer una norma jurídica que gobierna el caso y que explique qué razones llevan al juez a pensar que se han producido unos hechos(o por qué no) que son identificables con dicha norma.

9. Un viejo y querido profesor y gran lingüista, don Jaime Cisneros Vizquerra me dijo hace muchos años ya que escribir bien tomaba muchos años. Y esto lo he comprobado. Se requiere de mucha lectura y de mucha práctica, antes con la pluma y ahora con el procesador de textos. Sin embargo, no aspiremos por ahora a ser grandes estilistas del lenguaje, simplemente aspiremos a escribir claramente. Para ello, algunos consejos sencillos siguen.

10. No empleemos expresiones en latín ni en lengua extranjera. Estamos en el Perú y aquí las personas se comunican en castellano. El castellano tiene más de 150 000 (que crecen cada 3 años con nuevas publicaciones del Diccionario de la real Academia de la Lengua Española). Sólo los más cultos llegan a dominar el 50% del léxico. Por ello, mientras escojamos palabras más sencillas y de uso común, pues seremos más efectivos. Me han preguntado mil veces qué hacemos entonces los abogados con muchos años de estudio de nuestra disciplina, dónde queda nuestra “ciencia”. Pues el lenguaje técnico aprendido nos sirve para razonar un caso, para encontrar la mejor solución posible. Una vez encontrada, debemos explicarla en un lenguaje asequible al destinatario de la decisión.

11. No hagamos argumentaciones demasiado extensas, Lo importante es poner las razones que nos llevaron a la decisión. Ni mucho ni poco, lo justo para explicarnos.

12. Usemos un castellano actual, no anticuado. Si tenemos dudas, hay muchas páginas disponibles en internet sobre castellano usual que nos pueden ser de utilidad.

13. No nos quedemos citando simplemente números (de artículos o de folios del expediente) porque las personas que reciben la decisión no tienen por qué saber que un número corresponde a un texto normativo ni tienen por qué saber qué dice un acta anexa al expediente en tal página. Expliquemos qué mandan las normas y por qué damos por sentado tal hecho.

14. Si el debate del caso es precisamente normativo, porque hay varias interpretaciones que compiten por gobernar el caso, entonces expliquemos por qué razones nos quedamos con una interpretación y desechamos la otra. Apelemos aquí a las herramientas de nuestro oficio, argumentos interpretativos, argumentos dogmáticos, argumentos jurisprudenciales. Más y más podemos emplear hoy el poder de internet para disponer de ellos a la distancia de un “click”.

15. En fin, la campaña de El Comercio puede llevarnos al encierro en el viejo estilo argumentativo, por demás inefectivo y desprestigiado ante la población, o puede hacernos reaccionar favorablemente hacia una renovación de nuestras prácticas profesionales. Hablemos y escribamos en el castellano que se usa hoy. Si lo hacemos con honestidad intelectual, mejoraremos de inmediato nuestra argumentación y la percepción que sobre nuestro desempeño judicial tiene la ciudadanía a la que afectamos con nuestras decisiones todos los días.

Comentarios

Victor ha dicho que…
Me parece bastante interesante el tema abordado en el artículo, pues a pesar de ser el lenguaje jurídico un aspecto tan importante en el mudo del derecho, como ciencia social, son pocos los que se detienen a analizarlo.
Este problema de los tecnicismos y las palabras poco comunes dentro de los textos jurídicos, es muy recurrente y pienso que se debe al afán de muchos por demostrar cierta erudición y hacer gala de sus conocimientos y su formación jurídica. Puede que esto parezca un simple problema de forma, pero en realidad tiene implicaciones de fondo pues este “refinamiento del lenguaje” puede llevar a que el mensaje que se pretende transmitir no llega de manera completa y correcta a las personas del común, quienes la mayoría de las veces, son los más interesados en conocer la información.
Lo anterior puede tornarse peligroso, pues a riesgo de ser tildado de exagerado, considero que este defecto del lenguaje puede traducirse muchas veces en una limitante para el libre acceso a la justicia, pues en ultimas una resolución judicial es una fuente de derecho y quien no logra entenderla y no tiene un asesor que le “traduzca”, sencillamente desconocerá el derecho que en la misma se le reconoce y no podrá solicitar la tutela efectiva del mismo.
De hecho me atrevería a afirmar que esto no es solo un problema para las personas del común, pues pienso que incluso los mas versados en el derecho tienen muchas veces inconvenientes a la hora de entender este tipo de texto que utilizan tantos tecnicismos, ya que no es raro encontrar autores que citan en un solo texto infinidad de aforismos en latín y no tienen la delicadeza de traducirlos, a pesar de saberse que no son del todo conocidos.
Por otro lado, muchas veces a pesar de conocerse el significado de la palabra o del aforismo, se requiere un esfuerzo intelectual por recordar, esfuerzo que demanda invertir un tiempo extra e implica que el hilo comunicativo se interrumpa y se pierda fluidez en la comunicación.

Victor Andrade
javier.apaza ha dicho que…
Cuando estudiamos derecho, inconscientemente existe la tendencia de escribir confusamente; se cree que mientras más complejo, dificultoso ó latinista , sea nuestro escrito hacemos un mejor trabajo, proyectando la imagen de “conocedores del derecho” pero nos olvidamos de algo, no todos los que leen resoluciones, artículos, ensayos jurídicos son abogados ; precisamente los abogados defienden a personas que, ante un problema jurídico, acude a ellos en busca de ayuda y orientación, entonces, los verdaderos destinatarios de los “documentos jurídicos”, son las personas comunes y corrientes.
Tener claridad en la redacción judicial, genera un sentimiento de tranquilidad en el cliente, al saber éste como se está llevando el proceso judicial, qué es lo que se hace, cuáles son las consecuencias, en fin, se generara un ambiente de seguridad. El artículo, nos hace reflexionar sobre la poca compresión que existe en la redacción judicial y propone una meta,lograr la CLARIDAD EN LENGUAJE LEGAL.

Javier Apaza
Roberto ha dicho que…
El a quo, sub-litis, fumus boni iuris, periculum in mora, fattispecie, etc, etc, etc.

El lenguaje de los abogados siempre ha tenido códigos que nos diferencian del común de las personas (no abogadas).

Eso no está mal en sí mismo, sino que muchas veces esa extrema codificación puede afectar el Derecho a una Debida Motivación de las Resoluciones (art. 139. 5. de la Constitución de 1993).

Los códigos entre profesionales son buenos porque ayudan a simplificar instituciones que tal vez tomarían bastantes páginas en ser explicadas.

Sin embargo, existen formalismos como los que cité al inicio de este comentario, que resultan ser absurdos y que responden más a la vanidad que a la necesidad.


Los jueces tienen una posición dificil ya que deben mantener la codificación legal pero a la vez procurar que sus resoluciones sean lo más entendible posible, más aún si estamos tratando con Derechos Fundamentales.

Por tanto, me parece que la solución pasa por tratar de simplificar lo más que se pueda el lenguaje profesional, sin caer en vanidad, porque ahí donde la vanidad se asoma, el Derecho a la Motivación está siendo vulnerado.
aniluna ha dicho que…
Es interesante el tema de este artículo porque el lenguaje no sólo es un tema de "moda", si no que su uso incorrecto en el Derecho puede afectar a las partes en un proceso, en la medida que se les vulnera el Derecho al acceso a la justicia. ¿Cómo pueden acceder a la justicia si no está a su alcance, si cuando los abogados o los jueces hablan no entieneden?. Es por esto que considero importante que los alumnos, además de adquirir conocimientos juridicos en las universidades, aprendan a trasmitir estos conocimientos.
aniluna ha dicho que…
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
jsaul_cch ha dicho que…
Aún es muy común que entre magistrados y fiscales se utilice palabras “técnicas” al momento de redactar un dictamen, resolución o sentencia debido a que, creo, con ello quieren demostrar cuan eruditos o conocedores de la ley podrían ser y si desempeñan un cargo en la administración pública ser claro o sencillo denotaría alguna falencia.
Sin embargo, esto también se debe, en parte, a la educación que antes se impartía en las universidades donde imperaba el formalismo y la literatura mostraba muchas frases en latín, que obviamente forjaron una tendencia de los escritos extensos y complicados.
No olvidemos, que la debida motivación es parte del derecho fundamental del debido proceso y por tanto, mientras más claro sea un escrito más mecanismos de defensa y entendimiento le daremos al justiciable; de lo contrario, crearíamos un obstáculo para el derecho de defensa y de tutela efectiva.
Por otro lado, surge una cuestión respecto de cómo el uso internet también puede entorpecer el lenguaje en general. Por ejemplo, en el facebook o twitter a ciertas palabras se les cambia o suprime letras (que =q’/profesor=profe/mañana=mñn/amigo=amix, etc) Pero, ¿acaso estas “nuevas palabras” a la larga no podrían afectar a nuestro castellano y argumentación?
Para finalizar, debe estar el compromiso de todos los operadores del derecho (magistrados, fiscales, docentes, y estudiantes) encontrar una metodología correcta que, tal vez, cuando se dicten seminarios, capacitaciones y demás eventos académicos respecto a este tema se logre la coherencia, claridad y sencillez del lenguaje legal.
Josesaúl Casas Chusho
CARLA ha dicho que…
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
CARLA ha dicho que…
Partiendo de un Sistema Democrático de Derecho, del Derecho a la Defensa y el Acceso a la Justicia contemplados en nuestra Constitución, es un derecho de todos los peruanos el tener acceso de manera comprensible y clara a los documentos que emiten las autoridades y abogados sobre aspectos que conciernen precisamente sus derechos fundamentales.

Cómo poder acceder en el plano material al derecho a la defensa, si los ciudadanos, no letrados en las ciencias jurídicas, no entienden el lenguaje jurídico de las motivaciones y decisiones judiciales?

Còmo poder decir que acceden a la justicia, si el procedimiento para llegar a ella se ve obstruido en la parte formal al no entender claramente el contenido escrito y/u oral que encierra finalmente el significado de nuestros derechos?

Esta posición sobre un lenguaje jurídico absurdamente anticuado, ultratécnico y entrevesado tiene una fundamentación jurídicamente válida, y por tanto es necesario que las autoridades judiciales y legislativas tomen cartas en el asunto.

Si hemos firmado documentos internacionales que nos vinculan a hacer más sencillo y comprensible el lenguaje jurídico, es importante que el Tribunal Constitucional, como único interprete formal de la Constitución, interprete el derecho al acceso a la justicia partiendo del tratado internacional, y porque no del nuevo Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial de alcance internacional.De esta manera se podrían crear leyes que lo regulen.

El poder judicial por su parte deberá iniciar con este proceso de (des)aprendizaje, así como los juristas del medio, en favor de la justicia y los derechos que tanto se proclaman en nuestro sistema.
fiorella_araya ha dicho que…
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
fiorella_araya ha dicho que…
Por años el lenguaje jurídico, orgullosamente, se ha caracterizado por ser un lenguaje oscuro, nada claro, demasiado técnico, y sobre todo, por el uso constante del latín.

El presente artículo da en el clavo cuando señala que un lenguaje poco claro no transmite y por ende no es valorado positivamente.

Esta premisa se aplica, con mayor razón, al lenguaje jurídico. No sólo los abogados, jueces, fiscales, están obligados a utilizar un lenguaje claro, sino, todas los representantes de las autoridades públicas, como por ejemplo, miembros del Tribunal Constitucional, miembros del Tribunal Fiscal, miembros del INDECOPI, miembros de la SUNAT, miembros de los organismos reguladores, entre otros.

La pregunta clave es: ¿porqué dejar atrás un lenguaje tradicional que por muchos años ha evidenciado la ciencia que representa la abogacía? Por el destinatario del mensaje, en el particular, los ciudadanos. Éstos tienen el derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones, derecho que sólo será efectivo si existe transparencia y/o sencillez en el mensaje. La comprensión o decodificación del mensaje, por el receptor, es la finalidad que persigue, o debería perseguir, todo emisor.

En ese sentido, considero que de nada sirve mantener el lenguaje tradicional si no cumple el fin que la sociedad demanda y/o exige, y que es más, reclama por ser un derecho constitucional.

Como bien se señaló, el derecho es, y será siempre, una “herramienta social”. En esa línea, los profesionales en derecho desvirtúan su propia ciencia al utilizar un lenguaje tradicional que niega su “ADN” de herramienta social.

Finalmente, considero necesario hacer énfasis en la urgencia del cambio en el uso del lenguaje jurídico. Ese cambio sólo se producirá cuando los operadores jurídicos “internalicen sus externalidades”, es decir, en el presente, el efecto negativo de mantener un lenguaje tradicional para los intereses de la sociedad, al amparo del Estado Constitucional de Derecho hasta hoy vigente.
fiorella_araya ha dicho que…
Por años el lenguaje jurídico, orgullosamente, se ha caracterizado por ser un lenguaje oscuro, nada claro, demasiado técnico, y sobre todo, por el uso constante del latín.

El presente artículo da en el clavo cuando señala que un lenguaje poco claro no transmite y por ende no es valorado positivamente.

Esta premisa se aplica, con mayor razón, al lenguaje jurídico. No sólo los abogados, jueces, fiscales, están obligados a utilizar un lenguaje claro, sino, todas los representantes de las autoridades públicas, como por ejemplo, miembros del Tribunal Constitucional, miembros del Tribunal Fiscal, miembros del INDECOPI, miembros de la SUNAT, miembros de los organismos reguladores, entre otros.

La pregunta clave es: ¿porqué dejar atrás un lenguaje tradicional que por muchos años ha evidenciado la ciencia que representa la abogacía? Por el destinatario del mensaje, en el particular, los ciudadanos. Éstos tienen el derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones, derecho que sólo será efectivo si existe transparencia y/o sencillez en el mensaje. La comprensión o decodificación del mensaje, por el receptor, es la finalidad que persigue, o debería perseguir, todo emisor.

En ese sentido, considero que de nada sirve mantener el lenguaje tradicional si no cumple el fin que la sociedad demanda y/o exige, y que es más, reclama por ser un derecho constitucional.

Como bien se señaló, el derecho es, y será siempre, una “herramienta social”. En esa línea, los profesionales en derecho desvirtúan su propia ciencia al utilizar un lenguaje tradicional que niega su “ADN” de herramienta social.

Finalmente, considero necesario hacer énfasis en la urgencia del cambio en el uso del lenguaje jurídico. Ese cambio sólo se producirá cuando los operadores jurídicos “internalicen sus externalidades”, es decir, en el presente, el efecto negativo de mantener un lenguaje tradicional para los intereses de la sociedad, al amparo del Estado Constitucional de Derecho hasta hoy vigente.
fiorella.garaym ha dicho que…
Una de las funciones principales del sistema judicial es dar solución a los conflictos surgidos entre los individuos, buscando una comunicación eficaz respecto del ciudadano que acude al órgano jurisdiccional en amparo a su derecho de acción. Y es que al final del proceso el juez emitirá su decisión mediante la resolución judicial. Es Aquí donde se puede apreciar la importancia del rol que cumple el lenguaje utilizado por el juez ya que gracias a éste se puede dar la materialización del pensamiento del jurista en la resolución judicial .
Y como bien lo señala usted hoy en día el lenguaje manejado por los juristas es un lenguaje obscuro , anticuado y anacrónico. Y es que este lenguaje altamente técnico genera ambigüedad e incertidumbre en el ciudadano que tiene acceso a ella, ya que genera confusión y desconfianza en el órgano jurisdiccional y el Poder Judicial en general.
Tendiendo esto como consecuencia a que los jueces de hoy en día, ya sea por falta de experiencia o por falta de conocimientos sobre la forma de elaboración de resoluciones judiciales , caen en un estilo de redacción influenciada en su mayoría por juristas predecesores. En este sentido, comparto su cuestionamiento respecto a la utilidad y falta de adecuación del lenguaje al contexto actual, siendo un sistema en donde nos exige una respuesta mucho mas razonable , en donde el excesivo formalismo tiene que ser de menor aplicación.
En conclusión se debe tener presente que si bien el lenguaje técnico puede servir cierta veces para la rápida compresión entre jurista , esta no resulta aplicable a la hora de emitir una resolución , ya que se tiene que pensar que ésta va dirigida hacia un simple ciudadano y no a un jurista.
Que, el uso de términos técnicos vulnera el principio de seguridad jurídica y a el derecho de defensa de las partes , ya que el uso excesivo de termino técnico puede dar pie a una situación de indefensión respecto a la partes del proceso.

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