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Verano de 1996 y argumentación jurídica


Corría el verano de 1996, Lima estaba como de costumbre calurosa y húmeda. Acababa de llegar de Bruselas en donde había estudiado, entre otros cursos muy novedosos del master europeo en teoría legal, el último grito de la moda en el frío y viejo continente: teorías de la argumentación jurídica.
Años antes, en Lima me había formado en la Católica en el marco del positivismo jurídico, entendiendo desde los primeros cursos liderados por Marcial Rubio Correa, que el Derecho era un conjunto de normas positivas, en el marco de un ordenamiento general. Y con Fernando de Trazegnies (curiosamente viajando por Bélgica pasé por el pueblo cuyo nombre corresponde al de su familia), que el derecho podía ser entendido no sólo desde una perspectiva positivista, sino también desde una visión propia del derecho natural (los derechos son puestos por la divinidad, son anteriores y superiores al derecho positivo) o desde una mirada marxista (el derecho sólo refleja el poder de los dueños de los medios de producción en la sociedad capitalista).
Pero, de la mano de Manuel Atienza, Francois Ost y otros tremendos filósofos, aprendí que el derecho podía ser visto como un campo de argumentaciones (Atienza) o como un campo de juego (Ost). Estas miradas eran mucho más dinámicas y penetrantes para estudiar un campo, el de los juristas, en que hay múltiples estrategias, movidas y objetivos. No sólo se interesa por el derecho que enseñan los profesores universitarios o que intentan legislar los parlamentos, sino que se detiene a considerar cómo operan los juegos argumentativos en el terreno más emblemático de la práctica legal: el proceso judicial.
Por supuesto, el objeto de estudio de las teorías de la argumentación son los procesos mediante los que los jueces, los actores estelares de la serie, razonan los casos y toman decisiones vinculantes.
Seguía haciendo calor en Lima cuando recibí la llamada de Javier de Belaúnde, jurista y amigo quien me invitaba a hacer investigación para la Academia de la Magistratura. Le había contado antes que mi tesis en Bruselas la hice sobre ideología judicial, y le propuse hacer una investigación sobre cómo conceptualizaban el derechos los jueces peruanos. La aventura investigativa que inicié con la colaboración de Gloria Viacava y Smila Zevallos, bajo la asesoría del futuro presidente de la Corte Suprema, a la sazón juez, César San Martín, vio la luz editorial el año siguiente bajo el nombre "Diagnóstico de la Cultura Judicial Peruana", primera obra publicada por la Academia.
En el marco de dicha investigación me percaté del modesto nivel argumentativo de los jueces peruanos, y le propuse al consejo directivo organizar un curso al que bauticé pomposamente como "razonamiento jurídico". Organicé los objetivos, temario y metodología, pero no encontré, salvo la publicación de 1990 que había hecho Atienza por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid (Las razones del Derecho, teorías de la argumentación jurídica) ningún otro texto el castellano sobre estos temas (tuvimos que traducir de publicaciones originales en inglés y francés).
Manuel Atienza vino a Lima en 1997, por primera vez, invitado para "bautizar" el curso y los materiales de estudio compilados. Con su "bendición" (hoy usamos la expresión "luz verde" con reminiscencias más electrónicas) lanzamos la materia como la primera de todos los programas de la Academia... Los jueces al principio odiaron el curso porque era no solo nuevo sino también denso. Tenía 30 años y me preguntaba si había sido buena la idea de meter a jueces de 40, 50 y 60 años a estudiar procesos argumentativos "a la europea"...
Pero insistimos. Con el paso del tiempo (¿20 años son nada como dice la canción?) el curso ha madurado, se ha actualizado, hay muchos más profesores y materiales disponibles (al principio no había ninguno). El curso ha pasado de basarse en un perspectiva filosófica hasta convertirse en un entrenamiento mucho más metódico y basado en el análisis de casos peruanos. También se ha extendido, ha pasado de la Academia de la Magistratura hacia el Ministerio Público, todo el sistema judicial, muchas cortes administrativas e inclusive universidades.
Sólo el tiempo dirá si el calor del verano de 1996 generó una buena idea o no.

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