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Qué pasa si un tribunal arbitral ignora una prueba pericial?







Ya en reiteradas ocasiones la Corte Superior de Justicia de Lima ha anulado laudos por defectos en la motivación de laudos arbitrales. Quiero referirme hoy a uno de los casos más frecuentes: cuando el tribunal arbitral no se toma en serio la prueba pericial admitida en el marco del proceso. Por todos, voy a citar el caso Empresa de Generación Eléctrica MachuPichu EGAMSA con GYM S.A. (resuelto bajo el Nº de expediente 43-2015 por la Segunda Sala Comercial).
EGAMSA pidió la anulación del laudo recaído en una controversia sobre rehabilitación de su central hidroeléctrica. En el decurso del proceso arbitral se ofrecieron y actuaron informes periciales que fueron llevados a una audiencia de debate pericial, luego de la cual se admitieron nuevos argumentos y medios probatorios.
Para la Sala, el problema surgió cuando tales medios probatorios no fueron valorados en el laudo, produciéndose la violación del derecho fundamental a la prueba, además de haberse contravenido el principio de congruencia procesal. El tribunal al momento de laudar tampoco motivó por qué decidió avalar el peritaje del contratista, por lo que decidió anular el laudo.
La prueba pericial es una de las maneras con las que cuenta un tribunal para aproximarse al conocimiento científico o técnico del que carece. Es menester, por tanto, comprenderla y valorarla. Pero suele suceder que algunos tribunales, al no comprender los detalles técnicos o científicos de la misma, renuncian a su vocación por comprender en profundidad la naturaleza de la controversia. Renunciando a ello, renuncian también a resolverla racionalmente.
Esa renuncia tiene por efecto práctico dos alternativas contrarias, o simplemente los árbitros ignoran la prueba pericial y sobre ella nada dicen en el laudo o, al contrario, se encadenan a sus conclusiones, decidiendo en el sentido indicado por los peritos, sin someter dicha información/conocimiento a las reglas de la crítica. Ambas “salidas” son simplemente irracionales porque no están justificadas ni cumplen un estándar mínimo de motivación, provocando que la decisión sobre el hecho respectivo no esté motivada.

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