Ir al contenido principal

Qué pasa si no motivamos una sentencia judicial ni un laudo arbitral?

La garantía de la motivación de las decisiones jurídicas es una demostración de racionalidad del mismo acto decisional, sirve para legitimar la decisión adoptada frente a las partes en controversia y eventualmente les permite discrepar de dichas motivaciones, mediante la presentación de una apelación.

Han corrido torrentes de bytes (antes eran de tinta) sobre si esta garantía es un “principio y derecho” como lo ha establecido entre nosotros el Tribunal Constitucional peruano. Y sobre el estándar adecuado de lo que significa “debida motivación” entendiendo que, de acuerdo al criterio de doctrina constitucional expuesto en el famoso caso Guliana Llamoja:

“El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial…”[1]

Hasta ahí, que los jueces, y por extensión los árbitros, estén llamados a dar razones que justifiquen sus decisiones suena del todo racional y razonable. Está claro que nadie, en su sano juicio, va a someter su disputa ante unos jueces o unas árbitras que decidan la controversia en el sentido “que les da la gana”.

Las ganas de unos y otros no son suficientes para fundamentar una decisión que afecta vidas, libertades y patrimonios de quienes contienden. Es razonable exigir que jueces y árbitros motiven sus decisiones. Incluso en el llamado arbitraje de conciencia, las razones que mueven la conciencia de los árbitros deben ser explicadas en el laudo, pues de lo contrario nadie podría aceptar una decisión sin motivo alguno que la respalde.

Ahora bien, si a la parte vencida no se gusta o no le parece aceptable la decisión judicial, tiene expedita la vía de la apelación. Allí discutirá la corrección o no de las razones expuestas por el juez, y una sala superior podrá revisar el caso. Así lo prevé nuestro ordenamiento procesal y constitucional.

Pero no sucede lo mismo cuando la parte vencida recibe un laudo desfavorable. No existe hoy previsto un recurso de apelación contra el laudo arbitral. Por el contrario, la Ley de Arbitraje[2] estipula que el laudo es definitivo, inapelable, obligatorio y tiene autoridad de cosa juzgada.

Los únicos recursos que pueden dirigirse contra un laudo, dado el principio de competencia de la competencia que gozan los árbitros, son los de rectificación (para corregir errores materiales), interpretación (para aclarar cualquier punto oscuro), integración (para completar con una decisión algún punto controvertido omitido) y exclusión (de algún punto resolutivo que no había sido controvertido). Cualquiera de estos recursos son resueltos por el propio tribunal arbitral. No existe en el panorama legislativo actual nada que se parezca a una apelación ante tribunales judiciales.

¿Por qué? Porque las partes han renunciado a someter su controversia ante jueces comunes, sea por la razón que fuera. Por tanto, no quieren que su caso sea decidido por jueces, sino por los árbitros a quienes han confiado tal encargo. En mucho, una de las motivaciones que suelen mencionar las partes para recurrir al arbitraje es que, suponen, el resultado final será más rápido y eficiente que si recorrieran la vía judicial. En ese marco, carece de sentido práctico alguno que un laudo, por ejemplo expedido al año o año y medio de planteada la controversia, sea revisado por un sistema judicial que suele tomarse entre uno y dos años para esa tarea, iniciando un “segundo tiempo” por nadie deseado.

Por otro lado, al igual que en el caso de las sentencias judiciales, la Ley de Arbitraje[3] impone a los árbitros la obligación de que motiven el laudo, con la salvedad de que las partes pueden pactar que ello no sea así. Si las partes quieren renunciar a ello, el legislador no ve problema alguno. Pero el Tribunal Constitucional sí lo ve, porque trata el deber de motivación no sólo como un derecho sino también como un principio.  Y después de idas y venidas de este alto tribunal sobre la interposición de acciones de amparo contra laudos arbitrales por defectos de motivación, iniciadas en el año 1999 en el caso Pesquera RODGA[4],  el último pronunciamiento sobre el control constitucional del arbitraje lo hizo en el caso Sociedad Minera María Julia[5] en el año 2011.

En ese caso cerró la vía del amparo para cuestionar laudos en los que se habría vulnerado derechos vinculados al debido proceso o la tutela procesal efectiva. Todas esas reclamaciones deben hacerse mediante la tramitación del recurso de anulación del laudo, estableció con carácter vinculante, el Tribunal Constitucional.

En la medida en que, parece estar de moda en el Perú, muchos abogados que pierden casos arbitrales intentan anular el laudo por defecto de motivación, tal intento es conflictivo con el diseño de la Ley de Arbitraje, que no prevé el defecto de motivación como una causa de anulación.

Se ha alegado que tal defecto de motivación como causa de anulación puede ser derivado del inciso b del artículo 63 de la Ley, en la medida en que una de las partes no haya podido hacer valer sus derechos ante el tribunal arbitral. Otros sostienen que no es el inciso b, sino el inciso c del artículo 63, en la medida en que el defecto de motivación supone un incumplimiento de las reglas del proceso arbitral pactado entre las partes en un proceso ad hoc,  o el incumplimiento del reglamento de arbitraje si estamos en un proceso administrado por un centro de arbitraje.

Sea como fuere que obtengamos una interpretación para intentar anular el laudo, ninguno de los recursos para reclamar contra el mismo es efectivo, pues ninguno está diseñado para reclamar el defecto de motivación del laudo.

Pero, al mismo tiempo,  la Ley de Arbitraje y el Tribunal Constitucional dicen que la única vía transitable es el recurso de anulación… ¿Qué puede hacerse? Pues o no se plantea el reclamo por defecto de motivación o se plantea, ante el propio tribunal arbitral, inmediatamente conocido el contenido del laudo notificado, bajo protesta, anunciando que se interpondrá el recurso de anulación en su oportunidad.

No hacerlo, podría generar como consecuencia que las cortes judiciales no admitan el recurso, pues no se habría cumplido con la interposición de uno de los cuatro recursos contra el laudo previstos en la Ley de Arbitraje.

Ahora bien, si el abogado que plantea el recurso de anulación logra que el mismo sea admitido por la Corte, ¿qué tipo de control sobre el laudo debe esperar que hagan los jueces? Como sabemos, de acuerdo a la Ley de Arbitraje los jueces están prohibidos de pronunciarse sobre las interpretaciones, criterios o motivaciones empleadas por el tribunal arbitral. ¿Por qué? Porque el laudo es definitivo, inapelable, obligatorio y debe gozar de autoridad de cosa juzgada.

Si los jueces comprenden por qué las partes han pactado un arbitraje, por qué no quieren que sean jueces sino árbitros los tomadores de las decisiones sobre su caso, y respetan tal libertad contractual sin paternalismos, entonces deberán controlar si el laudo tiene o no tiene motivos, nada más. Si el laudo carece de motivos, deberán anularlo porque viola una garantía pactada por las partes, establecida por la ley de la materia (siempre que las partes no hayan renunciado a ella) y que goza de protección constitucional.

Pero si el laudo tiene motivos que no le gustan a los jueces, o les parecen aparentes, insuficientes, contradictorios o erróneos, no deben anularlo. ¿Por qué? Porque todo ese debate es muy subjetivo, depende de visiones, culturas y preferencias de cada especialista, y porque emplear categorías tan opinables o subjetivas generaría que los jueces terminen reemplazando a los árbitros en la misión que las partes les confirieron.

Lamentablemente se han producido casos entre los años 2011 y 2015 en las salas de la subespecialidad comercial de la Corte de Lima[6] en que los jueces se rindieron a la tentación de encontrar motivos aparentes, insuficientes o contradictorios. Y así los jueces discreparon del criterio arbitral, anularon laudos y el juego comenzó otra vez… Un segundo tiempo por nadie previsto con claros perjuicios para las partes.

Por todo esto, usar el estándar constitucional del caso Giuliana Llamoja para intentar controlar laudos arbitrales es abiertamente erróneo. Ese “estándar” disgrega categorías como motivación aparente, insuficiente o contradictoria. Ese caso fue resuelto tomando en consideración autores centrales de las llamadas teorías de la argumentación jurídica, autores que admiten que su modelo teórico es ideal y que su objeto de estudio son pronunciamientos judiciales, no arbitrales.

El modelo teórico sobre motivación empleado por el Tribunal Constitucional en aquel caso se aplicó al razonamiento judicial de una sala penal, no se aplicó sobre un caso arbitral.

El criterio judicial para resolver recursos de anulación de laudo no debe ser uno sobre si la motivación arbitral es debida o no es debida, sino sobre la sola existencia de motivos. Nada más.




[1] Caso Giuliana LLAMOJA HILARES, expediente Nº 728-2008-PHC/TC, fundamento Nº 7.
[2] Artículo 59, incisos 1 y 2 del decreto legislativo Nº 1071.
[3] Decreto legislativo Nº 1071, artículo 56.1
[4] EXP. N.° 189-99-AA/TC
[5] EXP. N.° 00142-2011-PA/TC
[6] Lamentablemente no podemos explayarnos con detalles, pues este es el contenido de una tesis doctoral recientemente presentada en la Pontificia Universidad católica del Perú, con fecha pendiente de sustentación.

Comentarios

Entradas populares de este blog

OCMA, defecto de motivación y disciplina judicial

En la investigación  239-2014 Del Santa , publicada en enero de 2016, OCMA ha pedido la destitución de juez Abel Ever Gutiérrez Aponte por inexistencia de motivación, motivación aparente e insuficiente en tres decisiones adoptadas en el marco de un proceso penal. En dicho proceso estuvo involucrado el señor César Álvarez, entre otros cómplices, ex presidente regional de Ancash, por un sonado caso de corrupción.

El ex presidente regional  se excluyó de dicho proceso penal al ganar una acción de habeas corpus. En las tres resoluciones que firmó el juez Gutierrez, él consideró que si el señor Álvarez, acusado como autor de los delitos investigados ya no estaba en el caso penal, no podría continuar el caso contra los acusados como cómplices. Este argumento, apreciado individualmente, no luce descabellado.

Pero la fiscalía promovió una apelación al discrepar de la motivación del juez Gutierrez, por lo que la Sala Penal decidió que había otros elementos en el marco de la investigación prel…

Justificación interna y externa de un buen argumento

Me han pedido a propósito de un taller de argumentación en OSIPTEL que proponga un esquema de argumentación que resuma las condiciones mínimas para predicar la fortaleza de una argumentación.

Para ello, tomo aquí la distinción estándar aceptada en las teoría de la argumentación, entre justificación interna y externa.

Una decisión es fuerte y consistente lógicamente cuando tiene justificación interna. Como puede verse en el silogismo del gráfico 1, si la premisa mayor que contiene la norma gobernante del caso es: "el que robe será penado" y la premisa menor que contiene el hecho del caso es: "Juan ha robado", entonces se sigue deductivamente como conclusión que "Juan será penado". No hay otra conclusión posible dadas aquellas dos premisas.

Pero esto no basta, pues aún no hemos demostrado la corrección material de cada una de las premisas, pues esto es propio de la justificación externa. Ahora vean el gráfico 2 seguidamente:


Como puede observarse, en la ju…

Clasificar casos fáciles, difíciles y trágicos, es una tarea judicial?

En junio de 2014 el Consejo Nacional de la Magistratura publicó el precedente 120-2014, con carácter vinculante, después de más de diez años de evaluación sobre los criterios que emplea para medir la calidad de las decisiones de juezas y jueces peruanos.

Tomando como referencia mas de 1,500 procesos de ratificación judicial, evaluación que el Consejo aplica cada siete años a los magistrados para confirmarles o no en sus cargos, el Consejo ha hecho una lista de los errores más frecuentes que suelen cometer, entre ellos destacan los siguientes:
Falta de ordenAusencia de claridadErrores sintácticos y ortográficosRedundanciaIncongruenciaInsuficiencia argumentativaCitas impertinentes de jurisprudencia y doctrinaTranscriben normas sin interpretarlasTranscriben medios probatorios sin valorarlos

Estamos de acuerdo con estos señalamientos. Hace mucho venimos insistiendo en que la calidad de decisiones judiciales debe medirse conforme con los criterios aportados por la teorías de la argumentación …