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Tiene sentido alargar un proceso arbitral?


Una secuencia típica de un proceso arbitral es 1) audiencia de instalación, 2) recibo de demanda y contestación comunicadas a ambas partes (y eventual presentación de excepciones), 3) audiencia de fijación de puntos controvertidos (si no se produce conciliación) y admisión de medios probatorios, 4) audiencia de pruebas, 5) audiencia de ilustración, 6) audiencia de informes orales, 7) presentación de alegatos escritos, 8) cierre de etapa probatoria y fijación de plazo para laudar, 9) laudo, 10) recursos contra el laudo.

Esa secuencia se debe a la influencia del proceso judicial civil. Normalmente las partes esperan y reclaman que todas o muchas de esas audiencias sean convocadas. Si entre notificaciones y disponibilidad de los involucrados, entre cada etapa media aproximadamente un mes, es esperable que los laudos sean evacuados hacia el año de instalado un tribunal arbitral, dilatando innecesariamente esta decisión.

Pero no tiene por qué ser así, los árbitros no somos jueces, no tenemos la recargada agenda procesal que los jueces soportan. A los árbitros nos contratan para decidir un asunto con la mayor especialización en el menor tiempo posible, siempre que hagamos respetar los derechos a alegar, probar, defenderse y recibir decisiones motivadas.

En la instalación de un proceso arbitral reciente se sugirió a las partes que, si no habían medios probatorios que actuar, luego de presentadas y comunicadas demanda y contestación, pasemos a una audiencia única en que, si no prosperaba conciliación, fijáramos puntos en controversia, admitiéramos medios probatorios, escucháramos informes orales y dejáramos cerrada la etapa probatoria. Todo listo para laudar…

Nada de esto prosperó. La carga procesal alegada por una de las partes (o una estrategia dilatoria oculta) nos llevó a un proceso largo en el que avanzaríamos “en cámara lenta”.


¿Tiene realmente sentido alargar un proceso arbitral?

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