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¿Los defectos de motivación justifican la anulación del laudo?



¿Los defectos de motivación justifican la anulación del laudo?
Una revisión crítica de los recursos de anulación de laudo
presentados ante la Corte de Lima en el año 2013

Ricardo LEÓN PASTOR[1]
Septiembre de 2014.

1. Introducción
Agradezco entusiasta a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco por esta gentil invitación al VIII Congreso Internacional de Arbitraje y Conciliación en Contrataciones con el Estado.

He visto conveniente estudiar y presentar algunas reflexiones sobre cómo los jueces de Lima están controlando el razonamiento de los árbitros, en especial cuando una de las partes alega que se ha violado el deber de motivación jurídica en un laudo. La discusión es muy relevante porque un control intenso y extenso de parte de los jueces llevaría inevitablemente a que los laudos arbitrales pierdan eficacia, en la medida en que los debates se extenderían ante el sistema judicial, cuestión que, al asumir un convenio arbitral, se pretende evitar.

Me propongo primero resumir el estado de la cuestión desde la perspectiva asumida por nuestro Tribunal Constitucional y los jueces superiores de la sub especialidad comercial de la Corte de Lima en el período 2013, para después valorar críticamente esta aproximación[2].

Desde ahora, puedo decir que hay una delgada línea entre una decisión no motivada, una aparentemente motivada y una deficientemente motivada, y que esta línea se mueve de lugar dependiendo de la cultura legal de quien mire los motivos en un laudo. Unos podremos estar de acuerdo y otros no respecto a la motivación aparente o deficiente y, precisamente por eso corresponde aplicar un imperativo moral señalado para el razonamiento práctico: ante la duda es más prudente abstenerse.

¿Esto es lo que vienen haciendo nuestros poderosos jueces? Creo que no como lo voy a mostrar más adelante.

2. Cuándo una decisión está bien motivada
De acuerdo a cánones bien asentados en la teoría estándar de la argumentación jurídica[3], una de las distinciones básicas que las teorías hacen cuando predican la calidad y corrección de un argumento jurídico es la de justificación interna frente a la justificación externa.

Esta distinción se ha venido explicando mal[4], en varias ocasiones en el medio nacional y es imprescindible entenderla para aplicarla a cualquier razonamiento que pretenda seguir las reglas del discurso racional.

La justificación interna vela por la validez de la deducción lógica. Se asimila a la aplicación del tradicional silogismo jurídico, de esta manera:

-       Premisa mayor (contiene la norma aplicable): Si se da un Antecedente, entonces sigue un Consecuente.
-      Premisa menor (recoge el hecho acaecido): Se ha producido un hecho concreto en el mundo que corresponde al Antecedente.
-       Conclusión: Al hecho concreto acaecido corresponde la aplicación del Consecuente.

Veamos esta estructura lógica con el siguiente ejemplo:

-       Premisa mayor: Si se produce un caso fortuito que impide al contratista cumplir con el contrato, la Entidad deberá ampliar el plazo de ejecución contractual.
-       Premisa menor: El contratista Buldozer S.A. ha sufrido desabastecimiento de materiales que importaba de Taiwan por causa de un tifón que se produjo en esa zona, extraordinario, imprevisible e irresistible, que ha generado un retraso de 25 días en su cronograma de ejecución de obra contratada a favor de la Municipalidad Distrital del Limonero.
-    Conclusión: La Municipalidad del Limonero debe otorgar una ampliación de plazo equivalente a 25 días a favor de Buldozer S.A.

Todo razonamiento mediante el cual se afecte la situación jurídica de una persona debe, insoslayablemente, mostrar su lógica interna.

Pero la justificación interna, siendo necesaria, no es suficiente. Necesitamos además demostrar que cada una de las premisas es correcta materialmente, esto es, que la premisa normativa pertenece válidamente a un sistema legal dado y que la premisa de hecho está suficientemente acreditada mediante la valoración de la actividad probatoria desplegada en el caso concreto. A estas razones materiales que fundamentan cada premisa los teóricos de la argumentación le llaman justificación externa.

Usemos las mismas premisas para ver qué tipo de razones materiales podríamos dirigir para acreditar su corrección material en nuestro mismo ejemplo:

NORMA: Si se produce un caso fortuito que impide al contratista cumplir con el contrato, la Entidad deberá ampliar el plazo de ejecución contractual.

-       El artículo 175 inciso 4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF que aplica temporalmente al caso establece que “Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos (…) 4) Por caso fortuito o fuerza mayor”.

-       La doctrina ha definido el caso fortuito como “un evento de origen conocido pero extraordinario, imprevisto e inevitable” (ver OSTERLING PARODI[5]).

-     Es un principio general del Derecho que nadie puede ser sancionado por conducta que no le es atribuible.

-       Perjudicar al contratista diligente por un hecho que no le es atribuible es injusto y viola el principio de equilibrio económico del contrato.

HECHO: El contratista “Buldozer SA” ha sufrido desabastecimiento de materiales que importaba de Taiwan por causa de un tifón que se produjo en esa zona, extraordinario, imprevisible e irresistible, que ha generado un retraso de 25 días en su cronograma de ejecución de obra contratada en favor de la Municipalidad Distrital del Limonero.

-       Se ha probado la existencia del contrato entre Buldozer S.A. con la compañía taiwanesa Sun Sun mediante copia legalizada del contrato de suministro de materiales.

-       Se ha probado la existencia del tifón en Taiwan los días 3, 5, 7 y 12 de enero del 2013, mediante reporte de la autoridad climatológica taiwanesa y más de 100 referencias de órganos de prensa.

-       Se ha probado que a causa de los daños generados por el tifón en las plantas de Sun Sun se produjo la interrupción de la cadena de suministro contratada con Buldozer, mediante correos electrónicos entre las partes de fechas 3, 5, 7 y 12 de enero del 2013.

CONCLUSIÓN: La Municipalidad del Limonero debe otorgar una ampliación de plazo equivalente a 25 días a favor de Buldozer S.A.

Así, la argumentación del ejemplo ya no sólo cumple con el requisito de la deducción lógica, sino también de la corrección material de cada una de las premisas. Por eso, es un argumento fuerte o bien fundado.

3. La doctrina del Tribunal Constitucional seguida por los jueces de la Corte de Lima
En el famoso caso Giuliana Llamoja Hilares, resuelto por el Tribunal Constitucional en octubre de 2008[6], la corte constitucional decidió anular la sentencia emitida por la sala penal que condenó a Giuliana Llamoja por el asesinato de su madre. Basó la anulación en defectos de motivación de la sentencia y ordenó un nuevo juicio oral.

El fundamento 7 del fallo constitucional[7], recogiendo la distinción entre justificación interna y externa, incorporó no dos sino seis errores en que los jueces pueden incurrir por falta de motivación o justificación, a saber:

a.    Inexistencia o motivación aparente,
b.    Falta de motivación interna,
c.     Deficiencia de motivación externa,
d.    Motivación insuficiente,
e.    Motivación sustancialmente incongruente,
f.      Motivación cualificada

Los casos a), c), d) y f) son todos casos de motivación o justificación externa deficiente. La justificación puede ser deficiente porque no hay motivo alguno que soporte la decisión (motivación inexistente), o porque hay motivos pero que son impertinentes al caso (motivación aparente), o porque hay motivos pero falta alguno relevante (motivación insuficiente), o porque falta algún motivo relevante sobre el que el legislador ha establecido un requisito indispensable para que pueda afectarse un derecho constitucional subjetivo (motivación cualificada).

Los casos b) y e) corresponden a una falta de justificación interna, sea porque  la conclusión no se sigue de las premisas o porque, en el marco de una apelación, no se ha contestado alguno de los agravios propuestos.

Resumiendo, y para concentrar nuestro análisis en la dimensión de la justificación externa nos quedamos con dos errores a evitar: la motivación inexistente (0 motivos) y la motivación aparente (motivos que no soportan la decisión adoptada).

Y efectivamente, las salas de la sub especialidad comercial de la Corte de Lima han adoptado ambas categorías, entre otras no vinculadas a defectos de motivación,  para controlar la motivación contenida en los 161 laudos cuya anulación les han solicitado en el año 2013. De los 161 recursos, 23 fueron declarados fundados.

Una primera noticia es que los jueces, en 86% de los casos, no han encontrado causa para anular los laudos ante ellos reclamados. Esto supone una afirmación de la actividad arbitral, respeto y confianza.

Sin embargo, 14% de los laudos sí fueron anulados. De estos 23 casos, 15 correspondieron a contrataciones estatales, esto es, el 65% de laudos fueron anulados en relaciones planteadas entre entidad y contratista.

¿Por qué causas fueron anulados los 23 laudos?
11 laudos fueron anulados por falta de motivación, veamos estas anulaciones más al detalle:

-       En 6 casos los jueces encontraron inexistencia de motivación sobre una de las pretensiones,
-       En 4 casos encontraron motivación aparente,
-       En un caso encontraron que los árbitros resolvieron sobre asuntos no alegados por las partes.

Del total de los 11 laudos anulados por falta de motivación, 7 correspondieron a contrataciones estatales, lo que representa 4% de todos los recursos de anulación presentados en el año 2013.

4. Valoración sobre la delgada línea entre la no motivación y la motivación de un laudo
7 laudos anulados de 161 recursos presentados, un modesto 4%, no parece un cantidad alarmante de anulaciones.

Pero no perdamos de vista el mandato contenido en el artículo 62 de la Ley General de Arbitraje, Decreto Legislativo Nº 1071. Allí el legislador prohibió a los jueces pronunciarse sobre el fondo de la materia y valorar los criterios o motivaciones empleados por los árbitros. Sobre este argumento, muchos profesionales practicantes y apasionados del arbitraje encuentran un escudo para que los jueces no controlen el razonamiento arbitral.

Al frente, encontramos a los constitucionalistas peruanos que sostienen desde hace mucho que no hay islas exentas de control constitucional, menos respecto a una función jurisdiccional desenvuelta por los árbitros. Es más, la propia Ley de Arbitraje citada, en su artículo 63, postula como una causal de anulación la situación en que las partes no hayan podido hacer valer sus derechos en el proceso arbitral. Y leen la palabra “derechos” como derechos fundamentales entre los cuales se cuenta, primigeniamente, el derecho al debido proceso.

¿Anular o no anular laudos que afectan el deber de motivación de las decisiones jurídicas como componente esencial del debido proceso? Esto es enteramente debatible.

Los jueces limeños anularon laudos no solamente porque no había motivo alguno que justificara la decisión de amparar una pretensión (entre varias analizadas en cada laudo), situación con la que estamos conformes, sino que hubo anulaciones del siguiente tenor:
a.    En el expediente Nº 162-2010, la sala anuló un laudo vinculado a la valorización de acciones comerciales, porque los árbitros indicaron en el laudo que tal valor debía ser definido por la Bolsa de Valores de Lima, cuando en realidad la valoración era una de las pretensiones que fue fijada como punto controvertido. No hemos tenido a la vista el laudo, pero estimamos que los árbitros no fueron antojadizos, sino que habrían considerado que el precio de cada acción obedecía a múltiples criterios de fluctuación, por ello el órgano especializado sería la Bolsa de Valores. Los jueces no estuvieron de acuerdo con tal razonamiento, esperaban que el tribunal arbitral definiera tales criterios de fluctuación, pero no lo hicieron… ¿Motivación inexistente, o aparente, o insuficiente? La delgada línea se empieza a mover y nos lleva a terreno fangoso.

b.    En el expediente Nº 209-2013 los árbitros discutieron si tenían validez las notificaciones físicas o electrónicas que una entidad cursó a un contratista.   El tribunal arbitral fue del criterio que, como no se había especificado qué actos podían notificarse electrónicamente sino que solo hubo mención genérica al canal electrónico, entonces sólo las notificaciones físicas tendrían validez. La Corte no estuvo de acuerdo con este razonamiento, porque las partes jamás habían discutido estos detalles. ¿Motivación inexistente, aparente, insuficiente?

c.     En el caso Nº 254-2011 en que intervinieron dos privados, los árbitros decidieron fijar como criterio de resolución del caso una valoración equitativa de acuerdo a reglas del Código Civil, ante la imposibilidad de fijar una valorización precisa. La Corte sostuvo, para anular el laudo, que los árbitros no pueden eximirse de sus deberes de motivar cada decisión adoptada, bajo el pretexto de emplear la equidad. Este caso es interesante, porque efectivamente la palabra “equidad” puede parecer un argumento, cuando en realidad no aporta argumento ni criterio alguno. Es una argumentación vacía de contenido, por lo que estamos conformes con la anulación.

d.    En el expediente Nº 321-2012, el tribunal arbitral resolvió una de las pretensiones, dijo la Corte, contra la letra expresa de una cláusula contractual pactada con antelación… Pero el tribunal arbitral había dirigido algunas razones, sin mencionar dicha cláusula ¿Motivación inexistente, aparente, insuficiente?

e.    En el caso Nº 051-2013 entre dos privados, el tribunal arbitral sostuvo que las pruebas sobre daños aportadas por el demandante no eran suficientes, no dijo más al respecto. La Corte entendió que esta ausencia de valoración probatoria, justificaba la anulación del laudo. ¿Motivo inexistente aparente, insuficiente?

f.      En el caso Nº 320-2011, las partes discutían si el demandante presentó o no su demanda dentro del plazo acordado. El árbitro razonó diciendo que la secretaría no identificó violación alguna del plazo y que, si la demanda hubiera sido presentada fuera de plazo, él la hubiera admitido de cualquier forma. La Corte anuló el laudo, porque el razonamiento del árbitro estaba vacío: nunca citó cuál fue la razón que dio secretaría sobre el cumplimiento del plazo, y por otro lado se basó en un razonamiento hipotético. De la lectura del laudo, no se encontraba motivo alguno para discriminar en qué fecha se presentó la demanda. Estamos de acuerdo con esta anulación, porque los “motivos” aportados por el árbitro, en realidad están vacíos de contenido.

¿Anular o no anular laudos que afectan el deber de motivación de las decisiones jurídicas como componente esencial del debido proceso? Insistimos con esta cuestión. Si bien la pregunta ha sido respondida de diversas formas por los jueces de Lima, siendo la cuestión enteramente debatible, podemos proponer algunos criterios orientadores:

i.               Los laudos arbitrales no son sentencias judiciales y por tanto no aplican todas las garantías del debido proceso judicial. Por ejemplo, no aplica la garantía de doble instancia, porque la decisión arbitral es única y no impugnable, salvo el recurso de anulación que no se dirige a impugnar motivos o fundamentos, sino la violación de causas objetivas reguladas en la Ley de Arbitraje.

ii.             Hay una prohibición expresa en la Ley de Arbitraje que impide a los jueces la revisión de los motivos del laudo, consistente con la razón anterior.

iii.           Para efectos prácticos, si los jueces revisan los motivos de fondo del laudo, el arbitraje perderá inexorablemente su atractivo como mecanismo expeditivo y especializado de resolución de controversias. Si un arbitraje demora, en promedio, un año en su tramitación, si es impugnado mediante recurso de anulación el trámite judicial tomará un año más, y si es anulado tomará otro año más resolver la controversia en el proceso arbitral. Sería la de nunca acabar…

iv.            El laudo es una pieza racional donde se adopta una decisión, por lo tanto debe cumplir un estándar básico de racionalidad. Dicha racionalidad la encontramos siempre que el razonamiento arbitral cumpla al menos con la justificación interna, la lógica deductiva de las premisas que llevan a cada una de las conclusiones contenidas en el laudo, por un lado, y con un mínimo de razones que justifiquen externamente cada una de las premisas consideradas, por otro lado.

Y la delgada línea que divide la motivación de la no motivación seguirá moviéndose caso a caso, árbitro a árbitro y juez a juez. Por eso sostenemos que una salida práctica frente a situaciones argumentativas cuyo análisis responde tan hondamente a la cultura legal de cada intérprete es hacer un control de “baja intensidad”, esto es, examinar si en el laudo hay justificación interna (lógica interna) y mínima justificación externa (más de un motivo por cada premisa considerada).

Si tenemos dudas sobre ello cabe la prudente abstención: no anular un laudo salvo que, honestamente, no encontremos un solo motivo que justifique la decisión arbitral abrazada.



[1] Esta ponencia la presenté originalmente en Cuzco, en el  II Congreso Internacional de Arbitraje en las Contrataciones Públicas, organizado por Asociación Zambrano y la Cámara de Comercio el 3 de abril de 2014. La he reelaborado y actualizado.
[2] Como anexo para los interesados en a investigación, ofrezco fichas que resumen cada una de las 23 resoluciones en que se declaró fundada la anulación de laudo.
[3] Por todos, Manuel ATIENZA (2006) El Derecho como Argumentación, Ariel Derecho, Barcelona, 316 pp.
[4] Nos hemos esforzado en los últimos 19 años por explicar sencillamente esta distinción, desde que introdujimos por vez primera en el país el curso de razonamiento jurídico en todos los programa de la Academia de la Magistratura de Perú. He escrito extensamente sobre ello en mi blog: www.leonpastor.com

[5] OSTERLING PARODI, Felipe (2012) http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/Art%C3%ADculo%201314.pdf consultado el 29/08/2014.

[6] Ver EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC consultado el 29/08/2014: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00728-2008-HC.html

[7] Citamos textualmente: “El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.
Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:
a)      Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.
b)      Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.
c)      Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.
Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la  fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.
d)      La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.
e)      La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.
f)        Motivaciones cualificadas.- Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia  opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también  al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal”.

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