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¿Desbalance Patrimonial?: Los jueces bajo sospecha

Hace menos de un mes, en el marco de los procesos de ratificación judicial, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura han producido un precedente vinculante sobre información patrimonial en la resolución Nª 513-2011-PCNM, al ratificar al doctor Silverio Ñope Cosco como fiscal adjunto superior mixto de Utcubamba, Amazonas.
La práctica del precedente vinculante administrativo ha sido poco recurrida, pero la materia bien lo amerita. El Consejo justifica la intervención al observar que en los procesos de ratificación, jueces y fiscales no suelen ser suficientemente precisos ni rigurosos al informar, cada año en su declaración de ingresos, bienes y rentas, cuál es la naturaleza y detalle de sus ingresos, bienes, acciones, depósitos, ahorros personales, créditos, mutuos, entre otras informaciones específicas.
Con este precedente, el CNM muestra al menos dos cosas: los magistrados peruanos no tienen un alto estándar de transparencia económica, por un lado, y por otro, el CNM se lo va a exigir, porque no confía en explicaciones económicas sin sustento en documentación alguna. Bajo el principio “los jueces no sólo deben ser buenos, sino sobre todo parecerlo” se eleva una vez más el estándar de conducta de la función judicial y fiscal.
Esto no parece ser una mala idea, más allá de las molestias que la nueva exigencia supone para las y los magistrados de la República, quienes tendrán que documentar puntillosamente todas sus actividades económicas, con un celo que no corresponde al den ciudadano/contribuyente promedio, sino que es más elevado aún. Tengamos en cuenta que la nueva exigencia va contracorriente de una costumbre nacional informada ayer por los medios de comunicación (Ver: http://elcomercio.pe/economia/1305617/noticia-peruanos-prefieren-ahorrar-fuera-sistema-financiero) la misma que da cuenta que a los peruanos nos gusta ahorrar fuera del sistema financiero. 4 de cada 8 peruanos no ahorra en bancos ni entidades de crédito porque simplemente no confía en ellas.
Constatado este dato, los jueces, más allá de sus preferencias personales, deberán realizar sus operaciones económicas mediante entidades bancarias y financieras, para documentarlas y dotarlas de transparencia. Esta es una de las obligaciones básicas dictadas por el CNM en la resolución comentada. Nada de ahorros bajo el colchón, ya que todos deben ser ingresados por algún medio al sistema financiero. Nada de préstamos familiares o amicales no documentados mediante contratos de mutuo escriturados y cuyos pagos deben ser descontados mediante entidades del sistema financiero. A  levantar el estándar.
Por otro lado, los magistrados deben familiarizarse en reportar toda la información sobre sus ingresos (regulares por su actividad en la magistratura y extraordinarios por actividades docentes, además de rentas de todo tipo, tal como las define la ley de la materia), bienes  inmuebles propios, del cónyuge o conviviente y de la sociedad de gananciales (lo que introduce un nuevo estándar de transparencia entre los propios cónyuges), acciones y participaciones en sociedades diversas, depósitos bancarios o de cualquier tipo en el sistema financiero, incluyendo todas las cuentas bancarias. Asimismo, los bonos, gratificaciones, legados y cualquier otra renta definida como patrimonio deben ser oportunamente informados.
Los créditos de cualquier tipo también deberán seguir similar suerte, sean acreencias u obligaciones. Respecto a las últimas debe indicarse el saldo pendiente, el cronograma de pagos, los prepagos y cualquiera otra información relevante, tanto aplique al magistrado como a su cónyuge o conviviente.
Todo esto nuevamente en virtud de la transparencia. Lo que preocupa es que la propia resolución comentada afirme que estos criterios aplicarán incluso a los magistrados actualmente sujetos a ratificación. Atención: si bien estos criterios especifican con gran rigor lo regulado antes en términos generales por la Ley de Carrera Judicial, el nivel de detalle que no había sido aclarado puede generar sospechas o suspicacias infundadas. Tal como el Consejo trató el año anterior la nueva obligación de elaborar un Informe de la Organización del Trabajo de cada magistrado, con una serie de indicadores realmente exhaustivos, dicha nueva obligación no puede aplicarse a los años previos, simplemente porque como las magistradas no documentaron los indicadores del trabajo, tampoco lo hicieron respecto a su actividad económica con el rigor que hoy pretende imponer el CNM a tal evaluación.
Seamos razonables, los nuevos criterios (o, si se quiere, los ahora explicitados) deben aplicar como incentivos para la conducta futura, jamás a la anterior, porque sería desproporcionado, injusto y daría pie a poner bajo sospecha no al magistrado inidóneo, sino simplemente al peruano promedio.

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