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Interpretación literal y Discrecionalidad judicial






En el caso Florencio Jesús NAVARRO SANCHEZ (Exp. N.° 01321-2010-PA/TC) resuelto por el Tribunal Constitucional (http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/01321-2010-AA.html) se muestra con claridad que la interpretación literal es una herramienta que sigue siendo importante en el razonamiento de jueces y fiscales, siempre que su racionalidad quede clara y no genere consecuencias absurdas o abominables para la armonía social sobre la base de una apreciación razonable de nuestro orden legal.


El abogado Navarro en el Departamento de Ancash, demandó en el año 2007 el pago de 500 soles mensuales por concepto de alimentos a su ex pareja sin pagar tasas judiciales. Ello está permitido por el Código Procesal Civil (artículo 562), dado que la cuantía era menor. Grande fue la sorpresa del abogado cuando la jueza rechazó admitir la demanda, alegando el incumplimiento de pago de las referidas tasas.

El valor de la Unidad Impositiva Tributaria para el año 2007 fue S/. 3,540.00. La unidad de referencia procesal equivale al 10%, esto es: S/. 354.00. 20 unidades de referencia procesal, entonces, ascienden a: S/. 7,080.00.

El artículo en mención establece, a la letra, lo siguiente:

“Artículo 562: EXONERACIÓN DEL PAGO DE TASAS JUDICIALES
El demandante se encuentra exonerado del pago de tasas judiciales, siempre que el monto de la pensión alimenticia demandada no exceda de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal”

Muy claramente, la pensión alegada por 500 soles es inferior al monto máximo exonerado: 7,080 soles, razón simple por la cual el demandante por la pensión pretendida no debía pagar tasas judiciales.

Ante el rechazo judicial, el abogado Navarro denunció a la jueza por prevaricato (artículo 418 del Código Penal), entendemos que en la primera de las modalidades, aquella que pena al “juez que, a sabiendas, emita resolución contraria al texto expreso y claro de la ley…”. Más grande fue su sorpresa cuando la Fiscal a cargo de investigar su denuncia, opinó que ésta no procedía porque el artículo 562 antes citado era materia de interpretación y que correspondía, en consecuencia, a un acto discrecional la determinación de su contenido. Por ello no formalizó denuncia penal contra la jueza.

Sin arredrarse, el tenaz abogado Navarro planteó una acción de amparo contra la fiscal porque, entre otras consideraciones, alegó que había violado el deber de motivar las resoluciones fiscales. Y tenía razón pues el Tribunal acaba de amparar su reclamo.

3 lecciones obtenemos de este caso:

  1. Las normas jurídicas contenidas en los artículos legislativos están puestas para cumplirse, salvo que haya mejores razones, habilitadas por el propio ordenamiento jurídico, para no hacerlo, como por ejemplo la preferencia de una norma constitucional frente a una legal. Este tipo de interpretaciones no cuestionadas las encontramos en los llamados casos fáciles.
  2. Las normas tienen un significado que puede ser más o menos claro. Es claro cuando nadie lo cuestiona y normalmente la judicatura adhiere masivamente al mismo sentido interpretativo. Es menos claro cuando jueces y juezas, fiscales o miembros de la academia discuten la interpretación de la norma. Para ello, deben demostrar con argumentos propios del Derecho la validez, fuerza y racionalidad de tales interpretaciones contrincantes, y deben pronunciarse por la que tenga las mejores razones. A esto se le llama motivación judicial de un caso difícil.
  3. Es un grave error rechazar una interpretación rutinaria en un caso fácil, proponiendo otra, incluso contraria, alegando que los jueces cuentan con discrecionalidad, esto es, con libertad para interpretar el Derecho. Normalmente este argumento va de la mano con la siempre reclamada independencia judicial. Es un error porque si bien los jueces están llamados a interpretar antes de aplicar las normas, lo hacen ante casos donde deba clarificarse o definirse, con buenas razones, el sentido de la norma gobernante. Siempre con razones… ¡siempre con razones!
Cuando un juez alega que tiene discrecionalidad y que por eso interpreta lo que le provoca, cae en un capricho inaceptable en la aplicación del orden legal vigente.

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