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¿Cómo son evaluados hoy los Jueces del Perú?

    El propósito de evaluar el desempeño de la magistratura puede parecer extraña a algunas culturas jurídicas. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, esto es impensable, los jueces son seleccionados entre los mejores representantes de la profesión jurídica y tienen tan alto desempeño y prestigio que a nadie se le ocurre evaluarlos. Los cargos ocupados por ellos son perpetuos.
   En el Perú las cosas son distintas, se ha solido criticar el desempeño de la magistratura. Que los magistrados no se sintieran muy seguros en sus puestos, actos de corrupción o desconocimiento de la ley han ensombrecido la actividad judicial. Ello llevó a los constituyentes de 1920 a considerar la ratificación sólo de los vocales de la Corte Suprema (artículo 153). Los constituyentes de 1933 incluyeron esta figura en dicha carta como una potestad de la Corte Suprema dirigida a la evaluación de vocales superiores, jueces y quienes en su momento fueron agentes fiscales (artículo 224).
   Es en la Carta Constitucional de 1979 donde la figura toma los contornos que ahora conocemos: una evaluación de idoneidad para ver si cada magistrado o fiscal ha cumplido bien su función durante los últimos 7 años en el cargo, tarea asignada al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La consecuencia es que, si los magistrados no son ratificados, son despedidos del sistema judicial y no pueden reingresar a él. Hasta el año 2005 el Consejo ejerció la función sin expresar motivos para ello, adoptando la cuestionable doctrina de la “renovación de confianza” con motivaciones, en realidad, “secretas”.
   Hoy esta situación se ha superado, el Consejo se encuentra en la obligación de motivar sus decisiones cada vez que decide eliminar a un magistrado o fiscal del sistema judicial. Eso es altamente positivo, porque permite un control racional de la actividad del propio Consejo. ¿Y cuáles son los criterios, a los que ahora la doctrina internacional llama estándares de evaluación del desempeño?
   Los estándares no son distintos, calidad y tiempo de respuesta, a los que se aplican en cualquier institución o empresa interesada en gestionar sanamente sus recursos humanos, monitorearlos, recompensarlos y “gestionar el talento”. Claro, esta es una perspectiva más positiva y lanzada al futuro, mientras que los procesos de ratificación están pensados para evaluar el desempeño pasado. Los criterios considerados actualmente por el Consejo de acuerdo a su legislación orgánica (Ley 26397, artículo 21-b, y su reglamentación) son: 1) Conducta y 2) Idoneidad. También pondera el informe psicométrico y psicológico hecho por especialistas basados en la hoja de vida y una entrevista personal con cada magistrado.
   Parece obvio que si un magistrado no cuenta con el equilibrio y ponderación suficientes, pierde la sindéresis, esto es, la capacidad prudente en la toma de decisiones, característica raigal de un administrador de justicia. Ello me releva de mayor comentario.
   Al mismo tiempo, parece una verdad de perogrullo que los magistrados que no guarden una conducta acorde a su altísima función, no deberían continuar administrando justicia. En este aspecto, el Consejo considera los siguientes elementos evaluativos: medidas disciplinarias, participación ciudadana, asistencia y puntualidad, información de colegios de abogados y “otros antecedentes”. Estos elementos hay que tomarlos con pinzas, pues engloban una amplísima gama de conductas, algunas inmaculadas, otras con algún nivel leve de deficiencia, otras más definidas que no se condicen en principio con el perfil de un juez, y otras claramente atentatorias contra la función judicial, como la comisión de un delito. Esto me hace recordar los estándares de medición empleados para medir la independencia de los árbitros jurídicos; tal vez sea útil que el Consejo construya un listado enumerativo (mas no taxativo) de dichas conductas, y las clasifique según orden de gravedad: en una lista roja estarán las completamente inaceptables, en una lista amarilla las que serán objeto de observación y seguimiento, y en una lista verde las que no revisten ningún problema para con la función. Ello permitiría que la evaluación sea más transparente e introduciría un conjunto de incentivos para la actuación judicial y fiscal limpia y transparente.
   Hago especial mención a los “otros antecedentes”. El Consejo suele evaluar aquí antecedentes policiales o judiciales, por un lado, e información patrimonial por otro. Dado el desarrollo actual de las bases de datos, el Consejo accede a una amplísima gama de informaciones provenientes de entidades estatales, bancos, empresas financieras, entre otras. El cruce de dicha información permitiría identificar indicios de desbalance patrimonial.
   Por otro lado, los criterios más reglados  son los vinculados a la llamada “idoneidad”. Observemos el siguiente cuadro en el que el CNM otorga puntuaciones:


Calidad de las decisiones                     30 puntos
Calidad en la gestión de los procesos    20 puntos
Celeridad y rendimiento                        30 puntos
Organización del trabajo                       10 puntos
Publicaciones                                      05 puntos
Desarrollo profesional                           05 puntos

TOTAL             100 puntos

   Si observamos con atención, el 80% del puntaje está concentrado en los primeros tres criterios, sin duda los más importantes. Criterio residual es la llamada “organización del trabajo”, informe presentado antes del proceso de ratificación sobre el trabajo que, desde el punto de vista administrativo, han desarrollado jueces y fiscales evaluados. También son muy residuales las publicaciones o cursos calificados que se hayan efectuado de cara al “desarrollo profesional”.
   Se ha discutido mucho, desde la perspectiva de las teorías de la argumentación jurídica, si la calidad de las decisiones adoptadas y escritas por jueces y fiscales puede ser medida en escala numérica. El CNM cree que sí, para ello otorga puntaje a un conjunto de resoluciones adoptadas en el período anterior. He escuchado varias veces decir a algunos profesores que la calidad de decisiones argumentadas no es asunto para la aritmética, un punto más o un punto menos en una escala de 0 a 20 puntos. Sin embargo, esos mismos profesores califican de 0 a 20 a sus alumnos cuando les hacen evaluaciones en cursos de argumentación jurídica. Claro que podemos discutir si alguien merece un punto más o menos, pero esto es lo menos relevante, lo más importante es saber si los jueces en sus resoluciones han potenciado criterios como el orden y la coherencia lógica, la claridad lingüística y la argumentación completa tanto de las premisas normativas como aquellas que sobre los hechos postulan para la construcción de su razonamiento. Tales criterios están presentes en la reglamentación del CNM. Un aspecto crítico a no descuidar, por supuesto, es la calidad y autoridad académica de los evaluadores, así como la expresión de motivos que ellos hagan para valorar de tal o cual manera una resolución judicial sujeta a evaluación de desempeño.
   Otro de los criterios relevantes en la evaluación de idoneidad es la calidad en la gestión de procesos. Los indicadores reglamentados por el CNM se vinculan a la conducción de audiencias, cumplimiento de plazos, nulidades, terminaciones anticipadas y abandono de procesos, así como gestión para la ejecución de resoluciones. Este es una de los aspectos más débiles de la evaluación, pues carece de soporte de recursos humanos, sistemas de informáticos e infraestructura. No por casualidad en estos días asistimos a una huelga de empleados judiciales que perciben ínfimas remuneraciones y están expuestos a enormes cargas de trabajo. Mientras no tengamos personal bien formado y bien pagado, recursos informáticos de punta y una carga de trabajo razonable, la calidad  en la gestión de procesos no aumentará.
   Sucede lo propio con el criterio “celeridad y el rendimiento”, que mide la cantidad de resoluciones producidas por jueces y fiscales. Tal volumen se encuentra en relación directa con la cantidad de trabajo asumida. Si hay una enorme carga, la producción porcentual de resoluciones no tenderá a aumentar, sino a reducirse. No sólo se resentirán los porcentajes de producción, sino también los indicadores de celeridad y de calidad de cada decisión en particular.
   La evaluación de los jueces debe ser cada vez más transparente, más técnica, más prudente y más contextualizada. Como pude ver en una frase de museo que intentaba explicar los hallazgos de la Historia Antigua: “el contexto es crucial”, realmente lo es para interpretar los resultados del pasado y del presente de nuestra judicatura y para optimizarlos de cara al futuro cercano.

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