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La Racionalidad en el debate público y legal en Perú

1. Me anima a hacer estas reflexiones la relectura de Robert Alexy (Teoría de la Argumentación Jurídica, Lima: Palestra, 2007) en la que resume las reglas del discurso práctico racional, de acuerdo a varios autores europeos, en especial recordando las enseñanzas del famoso Jurgen Habermas. Tales planteamientos son la síntesis de la mejor filosofía europea contemporánea y nace de sociedades, como la alemana, con fuertes dosis de racionalidad, con ciudadanos bien educados, con un Estado de Bienestar como modelo de organización política y con una legítima preocupación por el bien común.

2. La primera cuestión que salta a la vista es si una sociedad como la peruana, con pobreza en un sector importante de la población (50%), bajo nivel de educación formal de la ciudadanía, en que a pocos parece importarles el bien común ni la voluntad general, con un curioso proceso de crecimiento económico pero un reparto muy desigual y excluyente del producto de dicho crecimiento, penetrada por la corrupción, y en el que ha aflorado una cultura del “achoramiento” y del “vale todo” en una nueva versión de capitalismo popular salvaje, podemos hablar de racionalidad y vincularla a la práctica legal. Pareciera, a primera vista, que este intento sería iluso y simplemente inútil.

3. Pero no lo creo. Si el desarrollo económico conlleva una preocupación por las políticas redistributivas, y una preocupación auténtica de estado y población (me resisto a emplear la expresión “sociedad civil” que me parece casi ausente en el país, salvo honrosas excepciones) por darle continuidad al crecimiento mediante el desarrollo de la competitividad, ello supone incrementar dramáticamente la calidad de nuestra educación pública y los niveles de capital social.

4. Todo ello se vería respaldado con una comunicación política, jurídica y social menos “sacavueltera”, menos “pícara” y que no suponga altas dosis de hipocresía, engaño o simplemente desdén. Por eso son importantes las reglas del discurso racional, lo que Habermas llamaba las reglas del diálogo universal, condiciones mínimas para hacer de la acción comunicativa y los debates públicos (entre ellos sin duda los jurídicos) encaminamientos racionales y razonables que nos lleven a tomar acuerdos y no a enfrentarnos en “diálogos de sordos” tan tristemente recurrentes en nuestro medio. Voy a repasar dos tipos de reglas. Las llamadas fundamentales y las de razón.

5. Las reglas fundamentales: a) ningún hablante puede contradecirse, b) todo hablante sólo puede afirmar aquello en lo que cree, c) distintos hablantes no pueden usar la misma expresión con distintos significados. Estas reglas nos remiten a requisitos de coherencia y consistencia lógica y lingüística. Son el abecé de cualquier comunicación racional donde prime el principio de no contradicción. Por ello en nuestros debates cotidianos es tan necesario aclarar el significado que le damos a las palabras, máxime en una sociedad con escaso conocimiento lingüístico de un idioma tan vasto como el castellano (con más de 150 000 palabras y creciendo). Al mismo tiempo, la segunda regla (b), supone honrar el principio de sinceridad y no usar estratagemas para enredar o confundir al oponente, supone abandonar nuestra cultura de la hipocresía o de la “mecida” por la cual siempre decimos que “sí” para no ofender a nuestro interlocutor, teniendo clara consciencia que no haremos o que no pensamos honestamente lo que estamos afirmando. Al creer que es mejor no disentir de nuestro compañero en el diálogo, para no pasar por “mal educados”, simplemente le estamos engañando. Este rasgo de nuestra cultura debemos simplemente desterrarlo, so pena de jamás saber a qué atenernos.

6. Las reglas de razón: la principal regla es que debemos fundamentar lo que decimos. La regla conlleva exigencias como la igualdad de derechos, la universalidad y la no coerción. La necesidad de fundar nuestros comentarios y opiniones está muchas veces ausente en nuestros diálogos y conversaciones. A ello se suma una creencia (infeliz desde mi perspectiva racionalista) más y más extendida entre nosotros, que confunde el argumento democrático (todos somos iguales ante la ley) con el argumento relativista (todos opinamos lo que nos parezca sin obligación de fundamentar, y como todos somos iguales todas las opiniones valen igual). Aquí hay una falacia, si bien todos somos jurídicamente iguales, tenemos iguales derechos en una sociedad democrática, no podemos escapar, si nos pretendemos racionales, al deber de fundamentar nuestras opiniones. Y viene al caso recordar que unas opiniones están mejor fundamentadas que otras y por ello tienen una valor distinto y un peso específico propio y de mayor contundencia.

7. La afirmación del principio de igualdad de derechos es raigal en una sociedad como la nuestra, tan dada a la exclusión y al establecimiento de diferencias que llegan a ser, las más de las veces, prácticas simplemente discriminatorias. Aún no hemos aprendido a tratarnos como personas, con igualdad de derechos y en búsqueda permanente de la igualdad de oportunidades (ámbito en el que la educación tiene un rol preponderante). Nadie puede quedar fuera del diálogo, todos podemos y debemos participar, abierta y universalmente. En este marco, un proceso alentador es la comunicación juvenil vía internet. ¿Si la comunicación es tan universal por ese medio, por qué no hacemos lo mismo, con la misma disposición, en la comunicación cara a cara de todos los días en cada espacio público, desde la plaza hasta el medio de transporte colectivo? Comunicación universal y plana, sin jerarquías, pero con la obligación de justificar lo que cada uno afirma.

8. Nuestros debates legales aún están lejos de ser, bajo las reglas fundamentales y las de razón, auténticamente racionales. Principios como el de sinceridad o el de coherencia lógica no son frecuentes en el trabajo de muchos abogados que buscan sorprender a sus clientes y alentar reclamaciones inconsistentes, ilegales o simplemente absurdas ante la administración o la judicatura. De ello se quejan los jueces todos los días, y a ello debe su enorme desprestigio la profesión legal. Deberes como el de fundamentar las decisiones legales aún están en una fase de desarrollo inicial. La impronta de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en los últimos 10 años ha elevado las exigencias para cumplir el derecho esencial a la fundamentación de las resoluciones judiciales, de la administración y de todo organismo público o privado que afecte derechos de los ciudadanos. Poco a poco, la judicatura nacional va reaccionando y adaptando su desempeño a los nuevos estándares constitucionales. Y no puede ser de otra forma, el camino hacia la racionalidad y razonabilidad de las decisiones judiciales, jurídicas y políticas no podrá escapar a esta tendencia de la historia contemporánea.

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